jueves, 17 de abril de 2014

Un atentado al patrimonio natural de Morelia: el nuevo decreto de la Loma de Santa María



Un atentado al patrimonio natural de Morelia: el nuevo decreto de la Loma de Santa María

Patricia Ávila García
Investigadora UNAM-CIEco

Casi en el último minuto del año, el 31 de diciembre del 2009, el gobernador del estado Leonel Godoy en un acto de autoritarismo e ilegalidad, emitió un nuevo decreto para la Loma de Santa María y depresiones aledañas, que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y atenta contra el patrimonio natural de Morelia. Este hecho trastoca fibras sensibles de una sociedad que, por más de dos décadas, ha defendido de la voracidad de particulares y especuladores inmobiliarios, una zona de alta importancia ecológica para la ciudad de Morelia.

Además nos lleva a pensar que las decisiones políticas del gobernante están siendo subordinadas a los intereses económicos de particulares; y aún más grave, que la legalidad se está vulnerando, con el fin de facilitar las actividades de empresarios y constructores que tienen inversiones y proyectos altamente lucrativos en la Loma de Santa María. Sin  duda este nuevo decreto es un regalo de año nuevo para los privilegiados de siempre: las élites económicas empresariales. Lo lamentable es que provenga de un gobierno que, supuestamente, es de oposición y más cercano a los intereses de la sociedad.  Pero veamos con más detalle la importancia de la Loma de Santa María y depresiones del río Chiquito, sus instrumentos de protección ecológica y las implicaciones legales, políticas y ambientales del nuevo decreto estatal.

Por su importancia ecológica e hidrológica, el área en cuestión ha sido protegida en los tres niveles de gobierno: a nivel federal existe una declaratoria como zona protectora forestal de 1936, emitida por Lázaro Cárdenas; a nivel estatal cuenta con una declaratoria de preservación ecológica emitida en 1984 por Cuauhtémoc Cárdenas y otra declaratoria como área natural protegida sujeta a la conservación ecológica emitida en 1993 por Ausencio Chávez; y a nivel municipal, los programas de desarrollo urbano de la ciudad de Morelia desde 1984 hasta la actualidad, la consideran como una zona de preservación y reserva ecológica urbana. En este sentido, la Loma de Santa María y depresiones aledañas cuentan con instrumentos tanto legales como de planeación que son vigentes y buscan la protección y restauración ecológica, debido a su importancia como hábitat natural de especies vegetales y animales y ser proveedora de una diversidad de servicios ambientales para la ciudad de Morelia (control de deslaves e inundaciones, provisión de agua, regulación climática, recreación, acueducto histórico). 

En particular, el decreto estatal de 1993 es un instrumento que reconoce el valor ecológico, hidrológico, geológico e histórico de la Loma de Santa María y el área de los filtros viejos (depresiones aledañas) y la define como área natural protegida sujeta a la conservación ecológica. Además señala la necesidad de proteger los recursos naturales (agua-bosque-suelos), conservar la biodiversidad (especies endémicas, amenazadas o en extinción), preservar los monumentos históricos (vestigios del acueducto y obras hidráulicas), restaurar las áreas deterioradas ecológicamente y reducir los riesgos geológicos. De allí que para garantizar su protección, solo se permite el desarrollo de actividades destinadas a la conservación de los ecosistemas y sus elementos naturales y se prohíbe estrictamente la construcción de todo tipo de edificaciones que no sean destinadas para los fines del decreto, así como la cacería, la tala de árboles y el vertido de desechos sólidos y líquidos. Para lograr este objetivo el decreto señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente) es la responsable de la organización, conservación, administración y vigilancia del área de protección.

El gran valor del decreto de 1993 (y del resto de instrumentos legales) es que ha evitado la expansión urbana y la construcción de vialidades en una zona de alto riesgo geológico e importancia ecológica. Ejemplos de ello están en los frustrados intentos de los gobiernos estatal y municipal, de construir vialidades (el Megapuente en 2006 y Megatúnel en 2007) para conectar las nuevas áreas de urbanización para sectores de altos ingresos y el nuevo Mall (centro comercial), que se ubican en la parte alta de la Loma de Santa María. Tales espacios urbanos han sido construidos, por promotores inmobiliarios y empresarios, quienes han presionado a los tres niveles de gobierno para que los doten de infraestructura vial y puedan así realizar sus inversiones y multiplicar sus ganancias. Pero, el poder de la ciudadanía, los argumentos científicos y la defensa legal han sido piezas clave para evitar la construcción de vialidades y garantizar la conservación de este patrimonio histórico y natural de Morelia.

Durante el 2009 se dejaron ver las nuevas intenciones de los gobiernos estatal y municipal por construir una vialidad en el área natural protegida de la Loma de Santa María y depresiones aledañas, así como de reducir el polígono que delimita la citada área (proyecto de modificación del programa de desarrollo urbano de Morelia). Incluso fue evidente la cercanía de ambos gobernantes con los empresarios que impulsan la urbanización de alto nivel en la Loma de Santa María. El 31 de octubre hicieron un recorrido en las instalaciones de lo que será el nuevo centro comercial Altozano, cuyo director actual fue justamente el principal impulsor y defensor del proyecto del Megatúnel, cuando colaboraba con el ayuntamiento de Morelia en el 2007.

Exactamente dos meses después de este encuentro, el 31 de diciembre de 2009, el gobernador emitió un decreto, sin informar a la ciudadanía, sobre el nuevo destino que pretende dar a un área de gran valor e importancia para la ciudad de Morelia. Asunto que sin duda es de interés público y no discrecional o de facciones. Lo grave es que el decreto es ilegal, ya que el gobernador no tiene atribuciones para abrogar áreas naturales protegidas (no hay un solo artículo de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán que señale esa competencia). Tampoco siguió el procedimiento para cambiar la extensión de un  área natural protegida, que esta mediado por un estudio técnico justificativo que deber ser de acceso público así como de reuniones de consulta ciudadana (artículos 66, 68 y 71 de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán). De igual forma, el nuevo decreto es ilegal porque el gobernador omite la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitida el 2 de julio del 2007, a favor de los ciudadanos de Morelia, donde se reconoce su derecho a un medio ambiente sano, en lo referente a la importancia de conservar el área natural protegida de la Loma de Santa María. Tal recomendación fue aceptada tanto por el gobierno estatal (Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente) como por el Ayuntamiento de Morelia.

Uno de los aspectos cuestionables del nuevo decreto es que no reconoce la importancia ecológica, geológica e histórica de la Loma de Santa María y depresiones aledañas. Afirma sin demostrarlo (nadie conoce el estudio técnico justificativo), que está tan deteriorada la zona, por la urbanización acelerada y falta de planeación, que no requiere su conservación sino únicamente restauración. Esto entra en contradicción con los numerosos estudios de la UMSNH y UNAM que destacan la importancia ecológica y geológica del área. En los considerandos del nuevo decreto ya no existen animales ni plantas que merezcan protección, ni monumentos históricos que conservar, ni zonas de riesgo geológico que eviten las construcciones. Todo es degradación ambiental, aunque reconocen su importancia geohidrológica. Así, la bajan de categoría: de ser un área natural protegida sujeta a conservación ecológica pasa de facto a ser una zona de restauración y protección ambiental. Con este nuevo criterio deja de ser un área natural protegida (según la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán). Además el decreto modifica el polígono del área natural protegida y pone nuevos límites para reducir su tamaño: de 232.8 hectáreas pasa a 170.5 hectáreas, es decir, pierde casi 30% de su extensión actual.

El trasfondo de este nuevo decreto va en el sentido de restar importancia ecológica y geológica a la Loma de Santa María y depresiones del río Chiquito, así como reducir su extensión para flexibilizar los instrumentos de protección, con el fin de posibilitar la avanzada de urbanización y la construcción de nuevos proyectos viales, en zonas otrora prohibidas. Esto sin duda es un atentado al patrimonio natural de los morelianos, ya que es el único reducto de área verde y pulmón de la ciudad. Es pues un área clave y estratégica para la sustentabilidad urbana de Morelia y para enfrentar los problemas asociados con el cambio climático y el riesgo geológico. Su área forestal contribuye a la captura de carbono, producción de oxígeno, regula el clima y evita deslaves e inundaciones en la ciudad, además de que es la fuente histórica de agua, lugar de recreación de deportistas y población en general y hábitat natural de especies vegetales y animales.

Finalmente, en el supuesto de que fueran ciertos los citados argumentos del decreto sobre la alta degradación ambiental del área natural protegida, la responsabilidad administrativa de haber permitido tal ecocidio sería del gobierno estatal y en particular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, quien según el decreto de protección de 1993 es la responsable de la organización, conservación, administración y vigilancia del área de protección. En este sentido se estaría incurriendo en una doble violación de la legalidad. Cuestión que sin duda vulnera el estado de derecho y el interés general de los morelianos a un medio ambiente sano. No obstante, confiamos en que se de un viraje a este acto autoritario y violatorio de la legalidad y domine la inteligencia, ecuanimidad y amor por la vida y no la voracidad y egoísmo de unos pocos. La ciudadanía está despierta y sabe defender sus derechos. Señor Gobernador: vuelva sus ojos y oídos a quienes lo llevaron al poder y retome el rumbo de un proyecto alternativo, que contribuya a una sociedad más justa y amigable con la naturaleza. Las generaciones presentes y futuras valorarán su sensibilidad política y compromiso social.